El regulador colombiano Coljuegos y las autoridades de Cali han dado un nuevo golpe al juego ilegal en esta ciudad, al decomisar 39 máquinas tragamonedas ilegales, justo tras celebrarse una reunión de la mesa de los pactos por la legalidad del juego.
Las autoridades de Cali realizaron un operativo en dos establecimientos de comercio, en los que operaban 39 máquinas electrónicas tragamonedas sin la autorización debida, las cuales, de acuerdo con las estimaciones de la entidad, se dejaban de percibir por derechos de explotación, recursos por el orden de 116 millones de pesos al año, elementos que fueron retirados de los establecimientos.
La Policía Nacional procedió a retirar dichos elementos ilegales y Coljuegos anunció que iniciará el proceso administrativo sancionatorio a sus propietarios, imponiendo sanciones por 2.584 millones de pesos, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.
Según el presidente de Coljuegos, Cali es la tercera ciudad que más recibió al cierre de 2018 recursos por transferencias al sistema subsidiado de salud provenientes del monopolio de los juegos de suerte y azar, por más de 20.000 millones.
Desde la creación de Coljuegos (2013 – 2018) se han realizado 124 acciones de control a las operaciones ilegales en los juegos de suerte y azar en Cali, retirando junto a las autoridades locales 1.543 elementos que operaban sin los debidos permisos (1.083 máquinas electrónicas tragamonedas, 444 sillas de bingo, 15 mesas de póker y 1 módulo de apuestas online).
“En Cali también hemos detectado que se han viralizado el “chance”, la lotería y las rifas ilegales. Recordamos a todos los caleños que estos juegos territoriales los ofrece en la ciudad de manera legal únicamente la Lotería del Valle y en el caso de las apuestas permanentes o “chance” la firma Gane”, dijo Pérez Hidalgo.
Y agregó: “De acuerdo a lo detectado por Coljuegos y estudios que lo demuestran, en Cali, el “chance” ilegal supera el 50 por ciento de las ventas legales, lo que representa la evasión de pago por derechos de explotación de más de 20.000 millones y por IVA más de 30.000 millones, con lo que se hubiese podido cubrir la atención de más de 62.000 personas, es decir la totalidad de población del régimen subsidiado de municipios como Buga o Jamundí. Esta es una problemática que se presenta en muchos lugares del país, lo que nos lleva a incrementar las acciones de control con las autoridades y la Policía de la ciudad”.
