El Gobierno central y la Junta de Extremadura han iniciado conversaciones para resolver sus diferencias sobre dos normas autonómicas, el decreto-ley de juego responsable, que regula los locales de apuestas físicos en la región, y el Estatuto de los Consumidores, que fue reformado en febrero.
Respecto al primer caso, el Gobierno considera ilegal el apartado que promueve la creación de mecanismos para prohibir la publicidad de apuestas deportivas en equipaciones, instalaciones y patrocinios. Y también estima irregular que se exija autorización previa de la Junta de Extremadura para abrir locales presenciales y la instalación de equipos para participar en juegos por canales electrónicos o interactivos, ya autorizados previamente por la Administración del Estado.
Cabe recordar que el Estado español tiene las competencias relativas al juego online y las autonomías en el juego presencial.
En lo relativo al Estatuto de Consumidores de Extremadura, el Gobierno no acepta artículos dedicados a cláusulas abusivas y cesión de hipotecas a fondos de titulización, entre otros.
Los procedimientos de este tipo se abren para resolver por la vía de la negociación discrepancias sobre normas que pueden invadir las competencias de una u otra Administración. En caso de llegar a un acuerdo, se modifica la legislación. Pero si no es así, el conflicto suele elevarse a resolución del Tribunal Constitucional.
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